¿Qué fundamentos de derecho tiene el PIN Parental?

El PIN Parental no está regulado expresamente. Sin embargo, su utilización es absolutamente legal  porque de hecho se está produciendo un adoctrinamiento de género en los centros educativos españoles. De hecho, hay centros que han sido denunciados por los padres por adoctrinar a sus hijos.

Los fundamentos legales del PIN Parental son:

-Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 26.3

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

-Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Artículo 14.3 

Se  respetan,  de acuerdo  con las leyes  nacionales que regulen  su ejercicio, la libertad  de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de los hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. 

-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 18.4 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

-Constitución Española. Artículo 27.3. 

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009 (Recursos 905/2008, 1013/2008, 948/2008, 949/2008, Fundamento de Derecho Décimo)  
[Las leyes] no autorizan a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.Por último, el Protocolo Adicional Primero al Convenio Europeo de 1950 para la protección de los derechos humanos que se expresa en términos similares al 27.3 de la Constitución Española y que ha sido la base de varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Folgero contra Noruega; Campbell contra el Reino Unido) en las que se subraya la obligación de los estados de respetar la libertad educativa de los padres y de «velar para que las informaciones o conocimientos que figuran en el programa sean difundidos de manera objetiva, crítica y pluralista prohibiendo que tengan el fin de adoctrinar y que pueda ser considerado como no respetuoso para las convicciones filosóficas y religiosas de los padres».

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